El prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, informó en rueda de prensa la situación actual del Sistema de Riego y Drenaje Tecnificado San Agustín – Los Caras – Km 20, que encontró sin terminar cuando asumió su administración.
Dijo que con fecha 5 de octubre de 2020 se notificó la resolución de terminación unilateral con la contratista RANICOR, luego del trámite pertinente y siempre respetando el debido proceso.
“La obra tiene que terminarse y por eso hemos solicitado la devolución de 6,5 millones de dólares y la ejecución de las garantías”, manifestó el Prefecto, al tiempo de rechazar una acción constitucional planteada por el contratista ante un juez de la provincia de Los Ríos, lo que es visto como un intento de evadir el pago de dichos recursos.
“No nos oponemos al derecho constitucional y legal que tiene todo ciudadano a interponer una acción. Pero este tipo de estratagemas ya son muy conocidas y nosotros vamos a hacer prevalecer el respeto al interés público y el derecho al desarrollo que tienen las comunidades de los cantones Sucre y Tosagua. Esas liquidaciones constantes en la resolución de terminación unilateral del contrato pueden ser impugnadas ante la sede judicial aquí en Manabí, ante los jueces pertinentes”, agregó Orlando.
El Prefecto explicó que se exige jurídicamente la devolución de $ 6’547.877,55 porque estos valores habrían sido cancelados en la anterior administración sin haber sido justificados.
“Es que este contrato, original de 13,8 millones de dólares, tuvo planillas aprobadas por la administración y por la fiscalización de 10,4 millones de dólares. Pero cuando nosotros vamos a ver lo realmente ejecutado encontramos 7,4 millones que equivalen al 53.64% de lo efectivamente ejecutado”, precisó.
Mencionó, así mismo, que encontraron tubería mal instalada y el cobro de 8 kilómetros de este componente que no estaban en el proyecto.
“Es decir, 8 mil metros de tubería que, habiendo sido cobradas, no estaban en la obra. Además, se hicieron cambios estructurales sin realizar un rediseño, y tenemos indicios graves de una presunta falsificación de la firma de una servidora pública que valientemente denunció que la firma que constaba en los informes que dieron el aval técnico para poder llegar a un contrato complementario no le correspondía”, indicó la autoridad provincial.
La obra fue contratada el 8 mayo de 2017 con recursos del programa de reconstrucción y un crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador. Debió ser entregada un año después, pero en mayo de 2018 se firmó un contrato complementario que es cuestionado porque no se ajustaría a la normativa legal vigente.
“El artículo 85 y siguiente de la Ley de Contratación Pública establece los porcentajes en que se pueden realizar contratos complementarios, que pueden ser: rubros nuevos, diferencias de cantidades y costo más porcentaje, hasta un 15%. En este caso, sólo en rubros nuevos, determinó la administración del contrato, el 43%”, manifestó Joel Alcívar, procurador síndico del Gobierno de Manabí.
Todas estas novedades de carácter técnico, económico y jurídico fueron remitidos formalmente a los organismos de control del Estado, ante lo cual Contraloría General del Estado ya inició un examen especial a la ejecución, liquidación, recepción y fiscalización del proyecto. La Fiscalía General del Estado también lleva adelante una investigación sobre los hechos denunciados, mientras la Procuraduría General del Estado aún no se pronuncia sobre el pedido de un informe relacionado a la legalidad del contrato principal y complementario.
De igual manera se informó que, para compensar los daños causados por el atraso en la ejecución de este sistema destinado a irrigar aproximadamente 2.100 hectáreas, la Prefectura ha implementado un plan de resarcimiento a las comunidades afectadas con una inversión superior a un millón de dólares.
Defensa jurídica
La Procuraduría Síndica del Gobierno Provincial de Manabí acudió el martes 20 de octubre hasta el cantón Puebloviejo, de la provincia de Los Ríos, a defender técnica y jurídicamente los recursos de los manabitas, provenientes de la Ley de Solidaridad por el terremoto 16 A. El Juez Constitucional, luego de la exposición de las partes procesales, indicó que dará su veredicto el próximo 30 de Octubre de 2020, a las 14h00.
Manabí entero estará atento y vigilante a esta decisión jurisdiccional.
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