El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Manabí, presidido por el prefecto Leonardo Orlando, se mantiene activado de manera permanente para coordinar acciones ante las emergencias provocadas por las fuertes lluvias que han afectado a varios sectores de la provincia.
Durante la sesión de este lunes 17 de febrero, realizada en la Prefectura de Manabí, se evaluó la magnitud de los daños y las necesidades urgentes en cada zona. Hasta el momento, se reportan alrededor de 200 familias afectadas en toda la provincia, con Portoviejo como el cantón con mayores afectaciones.
Desde la Prefectura se ha desplegado atención emergente en los cantones Chone, Jama, Pedernales, Portoviejo, San Vicente, Tosagua, 24 de Mayo, Sucre, Flavio Alfaro, El Carmen, Jipijapa, Santa Ana, Junín, Manta, Puerto López y Montecristi.
Las mesas técnicas del COE Provincial trabajan en un listado detallado de necesidades y recursos para consolidar el informe de afectaciones en coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), priorizando la protección de infraestructuras clave como vías, hospitales, subestaciones eléctricas y plantas de tratamiento de agua.
Sin embargo, la respuesta a la emergencia se ve gravemente afectada por la falta de transferencia de recursos del Gobierno Central, que mantiene una deuda de más de 41 millones de dólares con la Prefectura de Manabí. De esta cifra, $18.8 millones corresponden a asignaciones del Modelo de Equidad Territorial y $917.810 a competencias de Riego y Drenaje, sumando un total de $19.7 millones en fondos pendientes esenciales para atender la emergencia y ejecutar obras de prevención.
El prefecto Leonardo Orlando hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que transfiera los recursos adeudados, permitiendo así que la provincia pueda enfrentar con mayor capacidad los efectos del invierno y proteger a la población manabita.
La Prefectura de Manabí reafirma su compromiso de seguir trabajando en articulación con los diferentes niveles de gobierno y organismos de respuesta para garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos.
